La crisis ha generado una sana vocación política en una parte importante de nuestra sociedad y nuestra juventud, anteriormente dormida. Es responsabilidad de todos, partidos, sociedad civil y ciudadanía, que no se quede en gestos simbólicos sino que a partir de ahora se tomen medidas contundentes para exterminar esta lacra que amenaza la democracia y nuestra comunidad.
Corría el año 2006 cuando almorzaba con un grupo de amigos de profesiones variadas. Arquitectos, ingenieros, medianos empresarios, abogados, trabajadores de banca,... “España va bien y Canarias mejor” era una frase recurrente en este grupo y en la sociedad en su conjunto. Había trabajo a raudales y el dinero se movía con suma facilidad. La fiesta era imparable.
En esa amena tertulia algunos poníamos encima de la mesa la necesidad de abordar la corrupción política y empresarial, así como la defensa de un modelo político más democrático y transparente. Hacíamos hincapié en que el reinado del ladrillo, que campaba a sus anchas, tenía en sus entrañas un monstruo que podía llevarnos a un abismo moral y económico, y que vivíamos un desarrollismo galopante con obras públicas muchas veces no solo absolutamente inútiles, si no también con la sombra de la corrupción.
“No seas aguafiestas. Las cosas van bien y la política no tiene mucho arreglo, déjala como está”. Esta era la respuesta de la mayoría de estos amigos y de la ciudadanía en su conjunto, cuando muchos de los partidos políticos que se presentaban con imputados y encausados por corrupción arrasaban en la urnas en numerosos pueblos y ciudades. Eran los tiempos en los que los analistas decían que la corrupción política no tenía consecuencias electorales. Todos conocemos casos flagrantes: Mogán, Lanzarote, Valencia, etc… Esos mismos tiempos en los que la mayor parte de los ciudadanos veía toda infraestructura como positiva y necesaria sin importarle a dónde iba la “mordida”. ¿Qué fue lo que cambió?
Creo que la crisis económica y nuestra posterior decadencia han provocado que la política y la corrupción presidan todas las mesas a la hora de comer. Lo que ha desatado este interés y la critica a los políticos ha sido la responsabilidad de las élites políticas y financieras en la génesis de la crisis, su modo de gestionarla y las dramáticas consecuencias laborales y sociales que ha producido, así como la acertada percepción general de que los gobiernos han priorizado la preservación de las rentas y los privilegios de los poderosos y las políticas de “austeridad” impuestas por las instituciones europeas.
Si a todo esto añadimos el continuo reguero de cientos de casos de corrupción, larvados precisamente en esos años de bonanza económica, y que las redes sociales han permitido a los ciudadanos tener acceso a una información global, unas veces objetiva y muchas otras falsa, da como resultado un caldo de cultivo que ha puesto en jaque el sistema bipartidista y toda la concepción tradicional de la política.
La preeminencia pública que adquiere este asunto se refleja con frecuencia en lo que las encuestas denominan “percepción de la corrupción y el fraude como problema”. Si se analizan los índices de esta variable en las últimas décadas, se observa que a principios de los noventa la preocupación de los ciudadanos por la corrupción se situaba en niveles parecidos a los actuales. Seguramente influyó también la crisis económica que vivimos en aquella época, en la que la tasa de paro alcanzó el 20%. En pocos años, al tiempo que mejoraba la situación económica descendía el indicador de la percepción de la corrupción, a pesar de que la burbuja inmobiliaria ofreciera una oportunidad nunca vista a las prácticas especulativas y delictivas. En este sentido se puede comprobar la relación causa-efecto entre crisis económica y critica a la corrupción. ¿Podría pasar lo mismo con la esperada recuperación? No sería deseable.
En este momento no es políticamente correcto sacar a relucir la responsabilidad ciudadana y es evidente que las élites tienen una cuota de culpabilidad muy alta en todo lo que ha sucedido, pero desde luego creo que si desde toda la sociedad no se hace una autocrítica a lo que fuimos e hicimos durante un largo tiempo, esta indignación actual no servirá de mucho. Es preciso tomar conciencia de que una lucha a fondo contra la corrupción ha de conllevar no solo cambios reglamentarios y políticos, sino también formación y pedagogía política, planes educacionales y compromisos individuales y colectivos. Es precisa la cohesión moral de la sociedad para vencer a la corrupción.
Esta crisis ha generado una sana vocación política en una parte importante de nuestra sociedad y nuestra juventud, anteriormente dormida. Es responsabilidad de todos, partidos, sociedad civil y ciudadanía, que no se quede en gestos simbólicos (como reducción de sueldos, coches oficiales, etc…), sino que a partir de ahora se tomen medidas contundentes para exterminar esta lacra que amenaza la democracia y nuestra comunidad. Es obligación de todos y todas demandar un nuevo modelo de democracia, más transparente y participativo, una revisión del sistema electoral y de partidos y una profunda reorganización territorial y competencial, en definitiva, la necesaria reforma de la Constitución.
Artículo publicado en Canarias7 en 2015.